Nueve de los afectados en el registro que los Mossos d’Esquadra realizaron en el bar San Carlos de Campclar presentaron ayer denuncias contra los agentes en el juzgado de guardia de Tarragona, el de primera instancia e instrucción número 2. De estas denuncias, dos son por agresiones –hay que añadir la denuncia que ha presentado por su parte Gabli Mohamed, dueño del establecimiento– y el resto son por amenazas y trato vejatorio.
El abogado Héctor Álvarez sostiene que el objetivo no es acabar sancionando a los Mossos, sino reconducir la situación de las inspecciones y esperar que lo sucedido «sea sólo un hecho puntual»: «Nadie está en contra de los Mossos pero entendemos que en ese día en concreto se extralimitaron en sus funciones, intervinieron sin respetar los derechos de ciudadanos legales. Pedimos al juez que cite a los Mossos e investigue si se excedieron en sus funciones, a través de testimonios y partes de lesiones. Tenemos que recuperar la confianza en los cuerpos policiales».
El abogado mostró su preocupación por que las «malas maneras» se propaguen por los barrios de Ponent. «En Torreforta los comerciantes inmigrantes que regentan locutorios o establecimientos de hostelería tienen miedo porque la policía está haciendo revisiones periódicas de papeles y lo hace de manera poco cuidadosa. Por ejemplo, en un locutorio alguien está hablando con su familia de Colombia, le quedan diez minutos y ellos no se esperan, le hacen salir como si estuviera haciendo algo malo, le identifican y le dejan ir. Son pequeñas formas de poca cortesía. Los locales se están quedando vacíos».
‘La agresión del amo es falsa’
Por otra parte, el principal afectado y único imputado por los Mossos es Gabli Mohamed, el propietario del bar San Carlos. El juicio rápido contra el amo se tenía que haber celebrado el martes pero se aplazó para incluir las versiones de los testigos de los hechos.
Álvarez considera que la agresión que se le imputa es falsa. «Tiene acusaciones por agresiones y resistencia a la autoridad que son falsas, según entendemos. A su vez, él sufrió agresiones». Para Álvarez, lo lógico es que todas las denuncias se agrupen en el mismo procedimiento de instrucción. «He llegado a un acuerdo con el otro abogado para llevar conjuntamente el caso», afirma Álvarez, que añade: «Este periodo de instrucción puede durar hasta un año y podría acabar en juicio penal, pero esperemos que no». Por otra parte, once clientes del establecimiento fueron denunciados por tenencia ilícita de sustancias estupefacientes.
Una reunión con los Mosos
Los Mossos declinaron hacer declaraciones sobre el caso. El abogado ha pedido reuniones con los responsables de la policía catalana pero aún no hay fecha para la cita. Tampoco ha habido contactos con miembros del Ayuntamiento.
Los nueve denunciantes son todos de nacionalidad marroquí y, en sus relatos de los hechos, acusan a los agentes de hacer el registro con malas maneras. «Entraron gritando, nos arrinconaron contra la pared, a algunos les pegaron, a otros nos cogieron del cuello. Luego nos registraron, nos tuvimos que quitar hasta los calzoncillos. Pasamos miedo porque fue un ataque y el bar estaba lleno», dice Elouafi Adhar.
Otros confiesan que nunca habían visto una intervención igual. «Vivo en Torredembarra, llevo 20 años aquí y tengo dos hijos. Nunca había vivido algo así. Si van a buscar a alguien que tenga drogas, que lo identifiquen y se lo lleven pero los demás no tenemos por qué sufrir un ataque así», cuenta Hassan Ahrouch. «Nos decían: ‘Si alguien mueve la cabeza se la rompo’», apuntó el denunciante Omar Brisgardos.
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