miércoles, 27 de febrero de 2013

El Ministerio de Justicia patrocina la adaptación de cementerios para el enterramiento de judíos y musulmanes, así como el arreglo y construcción de mezquitas

extraconfidencial.com  Jesús Prieto 26 febrero 2013 
Sanidad y Educación no atraviesan por sus mejores momentos en España. Momentos de agitación en el que el estado de bienestar se tambalea y se desploman muchas de las ayudas, subvenciones e inversiones que el Gobierno destinaba otrora a los pilares básicos de la sociedad. Privatización, regulaciones de empleo, extinción de ofertas de laboral público, supresión de días libres, retirada masiva de pagas o bajadas de sueldos. Los síntomas de recuperación todavía parecen lejanos.
Ante este panorama poco alentador, casos como el de la Fundación Pluralismo y Convivencia –cuyas cuentas anuales correspondientes a 2011 acaban de ser publicadas en el BOE- parecen salidos de una novela valleinclanesca. Esta asociación fue creada en mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2004, a propuesta del Ministerio de Justicia. De aquellas la situación que atravesaba España era harto diferente a la que hoy día padece. El objeto de la Fundación parece interesante, pero no vital como la gratuidad de las radiografías o el servicio de comedor de los colegios. Con todo, la Fundación contribuye “a la ejecución de programas y proyectos de carácter cultural, educativo y de integración social de las confesiones religiosas minoritarias (…) así como el fomento del pleno ejercicio de la libertad religiosa”. No obstante, el punto más escabroso de su programa aparece en el Desarrollo Institucional de la Fundación. En el ejercicio de 2012 y mediante la canalización de fondos privados, “se abrirán dos convocatorias nuevas de ayudas”. Por un lado la adaptación de cementerios, “destinada a los municipios que quieran adaptar sus cementerios para el enterramiento de judíos y musulmanes”. Por otro, el arreglo y construcción de mezquitas, “destinada a las comunidades musulmanas que lo soliciten”. Números rojos Según los datos arrojados por el BOE, la Fundación dispuso en el curso de 2011 de un total de 2,4 millones de euros en efectivo (2.394.064 euros) para cumplir sus objetivos. En el desglose de sus operaciones continuadas se pueden apreciar un gasto –englobado bajo el epígrafe de ayudas monetarias- un total de 4,3 millones de euros. El beneficio de la duda de la rentabilidad de la Fundación no se detiene aquí. La organización en pro de la libertad religiosa presenta errores en sus reintegros y pagos. En cuanto a sus deudores, 34.381 euros fueron traspasados a la cuenta ‘Deudores de dudoso cobro’ en concepto de “cantidades que fueron abonadas a proyectos finalistas en convocatorias anteriores a 2010, en concreto 2008 y 2009, que, después de haber sido reclamadas siguen pendientes de devolución. Esta cuantía se une a los 25.509 euros que ya se encontraban en la cuenta por cantidades pendientes de devolución de la convocatoria de 2007 y anteriores”. La insolvencia de la Fundación se extiende al pago a los beneficiarios de ayudas. A 31 de diciembre de 2011 la Fundación disponía de 1.474.211 euros en “cantidades concedidas a aquellos beneficiarios que todavía no han justificado el adelanto del 50% y a los que por tanto no se les ha hecho el segundo pago”. Los proveedores habituales, el personal de la Fundación, la Seguridad Social o Hacienda, son otros entes que todavía esperan pagos atrasados. Confianza ciega El Gobierno Central hace oídos sordos a estos números y renueva año tras año su confianza financiera en la Fundación. En los Presupuestos Generales del Estado fue aprobada una subvención nominativa por importe de 4.400.000 euros destinada al desarrollo de sus actividades. Según el informe de cuentas, a través de estos fondos públicos la Fundación apoya la actividad de las confesiones minoritarias mediante convocatorias de ayudas que la Fundación realiza anualmente, o bien mediante diferentes iniciativas de trabajo, acciones educativas y formativas. Estas últimas se ocupan de la edición de libros de texto en lengua musulmana, elaboración de libros de texto para la enseñanza y aprendizaje de lengua árabe o publicación de libros de texto de educación religiosa evangélica, además de numerosas campañas de sensibilización y visibilización. Actividades que son financiadas con dinero público articulado en los distintos fondos Ibn Jaldún, Juan de Valdés o Maimónides. Respecto al primero de ellos destaca la financiación del curso ‘Islam y Principios Democráticos’ en Madrid, Valencia y Terrassa durante los meses de febrero y mayo de 2011. Así también este fondo sufragó los gastos del curso ‘Aspectos socio-jurídicos del Islam en España’. El contrapunto a este fomento de la diversidad, lo encontramos en una de las medidas más polémicas de José Ignacio Wert. A finales de agosto del pasado año, el Ministerio de Educación proponía la modificación legislativa para que los colegios concertados que separan a los alumnos por sexos puedan ser subvencionados. ¿Heterogeneidad o segregación? Por otro lado, la inconcreción del Gobierno abulta todavía más. El 4 de julio de 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social incrementaba el importe de las ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad por estar en riesgo de exclusión social. ¿Integración o apartamiento?

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