Tarragona también reclama el veto de los inmigrantes incívicos

TARRAGONA,28/12/2010,elperiodico.com,J. M. PLANA
Dos alumnas musulmanas de un instituto de Tarragona, en el pleno municipal que prohibió el burka. xavi moliner.

El alcalde quiere que el Gobierno les niegue el arraigo y la reagrupación familiar.

El Ayuntamiento de Tarragona (PSC-ERC) se sumó ayer a los municipios de Salt (PSC), L'Hospitalet de Llobregat (PSC), El Vendrell (CiU) y Badalona (PP) en la petición de que se niegue el permiso de residencia por arraigo y la reagrupación familiar a los inmigrantes con una conducta incívica. El equipo de gobierno anunció que quiere que los informes municipales sean vinculantes en el nuevo reglamento de la ley de extranjería para las peticiones que debe autorizar el Ministerio del Interior.

El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, aseguró abiertamente en declaraciones a la agencia EFE que «aquella gente que no tenga un comportamiento cívico, que tenga actitudes predelictivas o directamente delictivas, no tiene derecho a la reagrupación familiar». El edil cree que los ayuntamientos conocen mejor que nadie «cómo se genera o se cohesiona la convivencia», ya que cuentan con servicios sociales en cada barrio.

La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, manifestó a EL PERIÓDICO que el Gobierno estudiará que el nuevo reglamento de la ley de extranjería niegue la regularización por arraigo a los extranjeros incívicos. Sin embargo, fuentes del Gobierno declararon a este diario que la reagrupación familiar es un derecho fundamental regulado por la UE y solicitado por ciudadanos en situación de plena legalidad en España. De manera que denegarla a alguien por el incumplimiento de una ordenanza «es absolutamente desproporcionado».

FIN DEL 'BUENISMO' / Ballesteros advirtió de que se ha acabado el discurso «buenista» en el que todo son «violines y trompetas, los derechos humanos... » «Eso está muy bien, pero cuando no choca con la convivencia», añadió.

El alcalde de Tarragona considera que ni siquiera es necesario elevar esta medida al pleno: «Solo hace falta una declaración pública de acuerdo y que el Gobierno lo asuma», dijo. La ciudad tiene experiencia en gestión exprés de la inmigración. La prohibición de acceder con velo integral a las dependencias municipales está en vigor desde el mismo día en que el pleno aprobó la medida, el pasado julio.