PATRICIA MARTÍN, elperiodico.comEl Gobierno eleva por sorpresa al 65% la rebaja prevista en los presupuestos.
Las ayudas para acoger extranjeros descienden de 200 a 70 millones de euros.
los consejeros de inmigración de las comunidades autónomas acudieron ayer a Madrid molestos con la idea de que el fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes iba a ser reducido a la mitad, según lo recogido por la de ley de presupuestos generales. Sin embargo, en la reu-nión con la nueva secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, se encontraron con la sorpresa de que el Gobierno, para cumplir sus compromisos de austeridad, ha decidido recortar aún más estas ayudas.
De esta forma, autonomías y ayuntamientos pasarán de los 200 millones de euros recibidos el año pasado a solo 70 millones, un 65% menos. Todas las comunidades sin excepción, aunque con distinto grado de beligerancia en función del color político, expresaron su rechazo a este «drástico recorte» y exigieron al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la restitución íntegra del fondo. El Gobierno también hizo un intento el año pasado de recortar unas ayudas que se crearon en el 2005 para apoyar a las autonomías y los ayuntamientos en la ingente tarea de procurar la integración de su población extranjera. Sin embargo, a los pocos días de anunciar un recorte del 30% (59 millones), el Ejecutivo tuvo que rectificar ante las protestas de los ejecutivos autonómicos.
Por ello los consejeros solicitaron ayer a Terrón que reconsidere su decisión. «Tomo nota de la petición. Es lo único que puedo decir en este momento», fue la respuesta de la secretaria de Estado, según explicó ella misma a EL PERIÓDICO después de la reunión.
La dirigente también destacó que, pese al malestar de las comunidades, por lo menos todas las administraciones habían mostrado su disposición a «mejorar la cohesión social en un momento muy difícil».
LOS REPROCHES
Precisamente la recesión fue uno de los argumentos esgrimidos por la consejera madrileña, Paloma Adrados (PP), para rechazar la propuesta. «No tiene sentido en un momento en que la crisis está haciendo mella de manera particular entre los inmigrantes. Zapatero dijo que no iba a recortar los gastos sociales y esto es un recorte social puro y duro», sentenció a la salida.
La consellera catalana Carme Capdevila no fue mucho más suave. «Se trata de una inadmisible reducción que evidentemente tendrá repercusión directa en el refuerzo a la educación y en las transferencias a las administraciones locales para la acogida e integración de extranjeros», manifestó.
CRITERIOS CUESTIONADOS
Además del recorte del fondo, las comunidades del PP censuraron –esta vez en solitario– los criterios de distribución aprobados. «Son arbitrarios y poco equitativos», denunció Adrados. «Nuestra comunidad se situó en 16ª posición en euros per cápita por inmigrante pese a ser la tercera con más población extranjera», añadió el conseller valenciano Rafael Blasco.
Asimismo, los populares exigieron que cada comunidad tenga libertad para decidir a qué partidas destina el dinero recibido.
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