Pese al acuerdo de 1992 entre el Estado y la Comisión Islámica de España (CIE) que permite la enseñanza de la religión islámica en las escuelas españolas, hasta el año 2005 ningún alumno pudo disfrutar de ella. Actualmente hay 46 profesores que enseñan el islam (16 en Andalucía, 11 en Melilla, 14 en Ceuta, tres en Aragón, uno en Canarias y uno en el País Vasco), pagados por el Estado español y elegidos por la CIE. Sin embargo, el número de alumnos que potencialmente desearían tener clases, según datos de la CIE del 2008, son unos 120.000, de los cuales 31.000 corresponden a Catalunya, 19.000 a Madrid, 17.000 a Andalucía, 8.000 a Valencia y 7.000 a Murcia. “Pero la culpa de que no haya más profesores y más clases no es tanto del Estado como de la falta de acuerdo entre las propias comunidades musulmanas”, dijo el profesor Ricardo García, de la Universidad Autónoma de Madrid, durante el seminario Llibertat religiosa i ciutadania musulmana organizado por el departamento de Derecho Público de la UAB con el patrocinio del IEMed, la obra social de La Caixa e Ibn Batuta.Uno de los temas repetidos en esas jornadas ha sido la representatividad de la Comisión Islámica.
El profesor Iván Jiménez-Aybar, experto en asuntos religiosos, planteó la necesidad de reformar la CIE y adaptarla al modelo de Estado autonómico actual.El profesor Àlex Seglers, organizador del seminario junto a Pedro A. Perlado, defendió la necesidad de revisar el acuerdo de cooperación del 92 y adaptarlo a las circunstancias actuales. “La integración de los inmigrantes no sólo es socioeconómica, también es cultural y religiosa”, dijo. Y a continuación abogó por “estrechar lazos con Marruecos, tanto de tipo académico como políticos, sociales y culturales, para evitar corrientes islámicas no acomodables”.El director general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, avanzó también algunas líneas de la futura ley orgánica de libertad religiosa que el Gobierno tiene la intención de aprobar tras el verano para que luego sea debatida en el Parlamento. En el debate con los representantes políticos, Glòria Renom (CiU) pidió que esta ley respete el artículo 161 del Estatut. Intervinieron también Antoni Bosch (PP), J. López Camps (PSC) y Miquel Àngel Estradé (ERC). Otros ponentes destacados fueron Alberto de la Hera, Dolors Bramon, Ferran Requejo, Francesc de Carreras, Silvio Ferrari y Javier García Oliva.
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