La mitad de los catalanes creen que la inmigración es mala para el país

FIDEL MASREAL, elperiodico.com, 25/03/2010

El 64% de los encuestados se muestran contrarios a que los ayuntamientos empadronen a ‘sin papeles’

Uno de cada cinco ciudadanos considera que los extranjeros no deben tener los mismos derechos

Los recientes brotes xenófobos de Salt y la tentativa frustrada de Vic de restringir derechos a los inmigrantes no son conflictos aislados en un mar de aceptación de los extranjeros. Es suficiente con retener un dato nunca antes registrado en Catalunya: la mitad de los catalanes consideran que la inmigración es mala para el país, según el barómetro de primavera realizado por GESOP para EL PERIÓDICO. Solo un tercio opina que la llegada de inmigrantes es positiva. Los que defienden que no se debería empadronar a los extracomunitarios sin papeles son mayoría absoluta: el 64%. Es más, uno de cada cinco opina que los inmigrantes no deben tener los mismos derechos que los ciudadanos autóctonos.

El juicio claramente negativo sobre el fenómeno migratorio ha llegado a índices nunca antes alcanzados, pero no debe extrañar. Representa un paso más en un camino de endurecimiento de la opinión pública y de los gobiernos en los últimos años, coincidiendo con dos factores clave: la llegada masiva de inmigrantes extracomunitarios en el último decenio y, de forma especial, la gravísima crisis económica. Hace un año, un sondeo del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat constataba que el 43,4% veía la inmigración como algo perjudicial. Ahora es ya el 48%. En esta evolución, Catalunya

va de la mano del resto de España, donde según el último sondeo del Observatorio del Racismo y la Xenofobia, el 47% ve la inmigración como algo negativo.

Los resultados del sondeo de este diario son todavía más significativos cuando se comprueba que esta tesis crítica es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos, excepto ICV y Ciutadans. Los electores de ERC están divididos a partes iguales entre los que ven positivo y los que creen negativo este fenómeno, y las voces más críticas provienen de los que dicen haber optado por el PP y CiU en los últimos comicios.

PADRÓN, NO PARA TODOS / Con estos datos en la mano, y conociendo la pasión creciente de las fuerzas políticas por actuar en función de las encuestas, es fácil interpretar los motivos que han llevado a los principales partidos a hacer más restrictivo su discurso respecto a los derechos de los inmigrantes. Entre los ejemplos más recientes, la voluntad frustrada del Ayuntamiento de Vic, gobernado por CiU con el apoyo del PSC y ERC –estos dos últimos desautorizados por sus direcciones–, de negar el empadronamiento a los extranjeros en situación irregular. Pues bien, según la encuesta, el 63,9% apoya aquel plan del alcalde de Vic. Y en ello hay gran coincidencia entre los encuestados, sean jóvenes o mayores, tengan mayor o menor nivel de estudios, o sean votantes de partidos de derechas o izquierdas. Solo los que apoyaron a ICV se desmarcan.

Este apoyo popular a poner coto al padrón explicaría también la motivación que llevó al consistorio de la capital de Osona a enfrentarse a la legislación vigente y plantear una medida que solo el partido xenófobo Plataforma per Catalunya aplaudió abiertamente. Una posición que otros alcaldes, en privado, no han considerado descabellada y que motivó que el PP pidiera reformas legales sobre el padrón. Reformas que ahora el Gobierno se dispone a acometer para frenar el empadronamiento masivo en un mismo domicilio. Otro dato significativo es que el 22,1% catalanes creen que los inmigrantes no deberían tener los mismos derechos que los ciudadanos autóctonos.

Estas manifestaciones de rechazo vienen acompañadas por una crítica muy severa a la gestión que las administraciones públicas hacen del fenómeno migratorio. Dos tercios de los encuestados de-saprueban la actuación de los gobiernos, sin distinción significativa entre votantes de todos los partidos, incluidos los del Govern.

LEYES MÁS DURAS / Este estado de opinión puede ofrecer pistas sobre los motivos que han llevado al Gobierno a endurecer la ley de extranjería limitando las condiciones de reagrupación familiar o han movido al PP y a CiU a insistir en la demanda de que los inmigrantes suscriban «contratos de integración» para acceder a determinados servicios. El ambiente social crítico también podría explicar que, ante los conflictos de convivencia entre comunidades observados recientemente en diversos municipios o ante la controversia de Vic, el president, José Montilla, haya evitado censurar las posiciones de los alcaldes más restrictivos. De hecho, en el Gobierno tripartito solo ICV ha sido beligerante.

Han pasado casi 10 años desde el encierro de 700 inmigrantes en la iglesia del Pi de Barcelona. Entonces, toda la izquierda salió a la calle en su apoyo bajo el lema Papeles para todos. Meses después, la mayoría fueron regularizados. Hoy, el Gobierno socialista sostiene que no habrá más legalizaciones extraordinarias y fomenta el retorno de los inmigrantes a sus países de origen.